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photo credit: Dunechaser via photopin cc
La normativa que regula en España la posesión de armas de fuego se recoge en el Real Decreto 137/1993 de 29 de Enero , modificado con posterioridad en el año 2000 y parte del principio básico que nadie puede llevar ni poseer armas de fuego en territorio español sin disponer de la correspondiente autorización expedida por el órgano administrativo competente.
Para disponer de un arma de fuego es necesario obtener previamente la correspondiente licencia de armas, variando los requisitos exigidos en función del tipo de arma de que se trate.
En el caso de menores de edad, la ley prevé la posibilidad de obtener una autorización especial para la utilización de determinadas armas de fuego, exclusivamente para la caza o para la práctica de competiciones deportivas a partir de los 14 años.Este permiso especial, que tendrá validez hasta que el menor alcance la mayoría de edad, se ha de solicitar ante la Comandancia o Puesto de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del interesado, adjuntando una serie de documentación entre la que destaca la presentación del certificado de antecedentes penales de la persona que ejerce la patria potestad o la tutela sobre el solicitante (o del propio menor si éste es mayor de 16 años) e informe de aptitudes psicofísicas del menor.
La ley exige igualmente que el menor vaya siempre acompañado de una persona mayor de edad, que esté en posesión de una licencia de armas y que se responsabilice de su actuación comprometiéndose a acompañarlo y vigilarlo en cada cacería o acto deportivo en el que participe.
De todo lo anterior, se desprende que en ningún supuesto cabe la utilización o la mera posesión de armas de fuego por parte de menores de 14 años, siendo considerada tal práctica como una infracción grave contemplada en el Artículo 156 del mencionado Reglamento y sancionada con una multa de 300.52 a 601.01 Euros, además de la incautación del arma de fuego. Todo ello sin perjuicio de la posible responsabilidad penal en la que hipotéticamente podría incurrir la persona responsable del menor  si se llegara a determinar que se ha podido poner en peligro la vida o la integridad física del menor.
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