Manuela vivía en una casa de campo alejada de la ciudad. Un buen día se dio cuenta de que su huerto estaba completamente inundado por un agua sucia que no era normal. Pensó que no era posible porque no había llovido en las últimas semanas. Y pensando, pensando, cayó en la cuenta de que su vecina Paqui tenía la costumbre de tirar el agua de su lavadero después de limpiar la ropa en el jardín. Además, creía recordar a Paqui limpiando su cobertizo con una manguera, arrastrando la suciedad. Y como ella vivía en la parcela de al lado y el terreno hacía bajada, creyó que ese podía ser el único motivo.
Manuela llamó a la policía para que pudieran comprobar los daños, y de alguna manera, avisar a Paqui de que no lo hiciera nunca más. A decir verdad, no se llevaban bien y quería evitar cualquier tipo de discusión, de hecho no quería ni ver a su vecina.
Cuando llegó la policía a su casa pudo comprobar que el huerto de Manuela estaba inundado y olía a agua podrida. Ella les explicó su versión y los agentes comprobaron que el curso del agua le daba la razón a Manuela. La prueba era evidente porque había tal cantidad de agua que había dejado surcos profundos, dejando marcada la procedencia del agua sucia. Entonces el agente preguntó si quería poner una denuncia. Y así lo hizo. Al salir de la comisaría llamó a ARAG para que se encargaran de reclamar la indemnización que le correspondía porque ella y su marido vivían de la venta en mercados.
ARAG envió a un perito a la finca de Manuela y, después de valorar los daños, afirmó que el agua era de residuos orgánicos e inorgánicos y había llegado a destrozar el cultivo de verduras. Apoyó el informe con fotografías de las verduras estropeadas y fotografías de los surcos del agua que aún eran evidentes desde la casa de Manuela hasta la casa de Paqui. Con esa documentación, ARAG contactó con la vecina para reclamarle el pago de una indemnización pero ésta ignoró cualquier tipo de acercamiento. Finalmente, ARAG la demandó y presentó todas las pruebas, incluida la denuncia, y Paqui tuvo que pagar por el daño causado por sentencia judicial.
Gracias al seguro de ARAG Negocios, Manuela pudo recuperar el coste que le supuso perder toda la plantación de verduras, que luego llevaba al mercado a vender, y sin tener que discutirse con su vecina, acompañada en todo momento por un abogado.
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