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La responsabilidad de los Ayuntamientos en San Juan
¿Sabes qué obligaciones tienen los Ayuntamientos para velar por la seguridad de los ciudadanos? ¡Te las explicamos!
Montserrat Martin | 23.06.2022
Con la llegada del verano, el calor y las fiestas estivales (San Juan, fiestas mayores y patronales, eventos al aire libre, conciertos...), las actividades se multiplican y se convierten en actos multitudinarios siendo responsabilidad de los ciudadanos y de los Ayuntamientos velar por el buen fin de estos.
¿Cuáles son las obligaciones de los Ayuntamientos?
Los Ayuntamientos deben tener un celo especial a la hora de autorizar la instalación de hogueras, ventas de petardos, ferias ambulantes, escenarios… y recomendar a los ciudadanos que apelen al sentido común y a la auto responsabilidad.
También deben establecer, junto con los servicios de emergencias (policía, ambulancias, bomberos y protección civil), protocolos de actuación ante la masificación de personas en las festividades, el control de las hogueras, el almacenamiento de petardos, las inspecciones de seguridad necesarias en las atracciones de ferias ambulantes, el control de acceso a recintos cerrados donde se realicen conciertos o eventos culturales, modificación del tráfico, cierre de calles, afectaciones de movilidad en el transporte público para la celebración de rúas, procesiones y actos callejeros.
Además, están obligados a informar a la población de las normas de seguridad, protección personal y aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los eventos a realizar, así como señalizar las calles y los lugares donde se realicen dichas actividades.
¿Qué ocurre si hay un accidente durante las festividades?
En caso de que se produzca un accidente como consecuencia de la mala organización o falta de previsión del Ayuntamiento, los ciudadanos afectados podrían solicitar la indemnización correspondiente por la incorrecta actuación de la Administración, demostrando que los daños reclamados se producen como efecto de una mala gestión. Para ello deberán presentar una instancia de reclamación alegando los hechos ocurridos, aportando pruebas y realizando una valoración de los daños. Si la Administración reconoce su culpa, procederá a abonar la indemnización correspondiente. En caso contrario, el ciudadano deberá acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo para conseguir que se reconozca dicha responsabilidad.
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