Tuvo que pagar el doble por incumplimiento de contrato

Como actuar

Todos los ahorros de una pareja joven podrían haberse quedado en el olvido por el elevado coste de representación de un abogado. Por suerte, David tenía un seguro de ARAG Abogado de Familia que se encargó de su defensa, llegando a apelar una primera sentencia desfavorable. Y lo que es más importante, pudieron recuperar el dinero que era suyo para seguir construyendo su futuro.

La Historia

David y Vicky estaban felices porque se habían ido a vivir juntos. Aunque en un principio se trataba de un edificio destinado a oficinas comerciales, el propietario del inmueble aseguró que estaba en trámites administrativos con el ayuntamiento para conseguir la cédula de habitabilidad. Ricardo, que era el propietario les dijo que podían consultarlo en el registro para quedarse más tranquilos. En la documentación registral se explicaba que el local estaba edificado con una tipología plurifamiliar, incluyendo una anotación con la que era muy probable emitir un informe favorable. La pareja pensó que era documentación suficiente y firmaron muy ilusionados, el contrato de arras adelantando 12.000€. El problema lo tuvieron cuando el ayuntamiento se echó para atrás en la decisión y no concedió la cédula.

David y Vicky quisieron recuperar el dinero que habían pagado pero el propietario del edificio no les hizo caso. La pareja decidió llamar de inmediato a ARAG para que se encargaran de su caso porque se les escapaba de las manos y además se trataba de todos los ahorros que tenían.
ARAG llamó a Ricardo para reclamarle la devolución del dinero pagado pero no hizo caso. Así que toda la documentación pasó a uno de los abogados de ARAG que dedicó mucho tiempo a estudiar la viabilidad del caso. Pasados unos meses, el abogado de ARAG puso una demanda en primera instancia pero fue desestimada. Había presentado la documentación del contrato de arras y la versión de la pareja. No conforme con la sentencia, preparó a conciencia la apelación. En la defensa de David y Vicky contó con otras pruebas como la documentación registral y la versión del técnico del ayuntamiento que llevó su caso. Gracias a estas pruebas, el juez dictó sentencia obligando a Ricardo a pagar 24.000€, incluyendo las costas y los intereses legales de primera instancia.