Por desgracia, durante los últimos años escuchamos continuamente en los medios nuevos casos de prevaricación, muchas veces asociados con la corrupción. ¿Qué entendemos por prevaricación y qué penas conlleva?

El delito de prevaricación

El delito de prevaricación se da cuando un funcionario, juez o autoridad pública, rompe con sus deberes profesionales y de confianza con la sociedad y, por lo tanto, con el correcto funcionamiento de la Administración Pública.

Acuerdo con la Constitución Española, la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con unos principios concretos y recogidos expresamente. Por lo tanto, este delito está sancionado por el derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.

Tipos de prevaricación

Según el Código Penal, existen varios tipos de prevaricación: administrativa, nombramiento ilegal y judicial.

Prevaricación administrativa

Se produce cuando un funcionario o autoridad pública, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Esa resolución afecta, por lo tanto, a los derechos de los ciudadanos o al interés general.

Nombramientos ilegales

Se cometen cuando la autoridad o funcionario público, en el ejercicio de sus funciones y sabiendo la ilegalidad de su actuación, propone, nombra o da posesión para el ejercicio de un cargo público, a alguien en quien que no cumple los requisitos legalmente establecidos para ello. Dichas actuaciones implican un abuso de competencia que debe ser sancionado.

Prevaricación judicial

Quizás esta es la más conocida y se produce cuando los jueces o magistrados realizan comportamientos ilícitos respecto a funciones que les son propias. Puede producirse cuando el juez dicta, a sabiendas de ello, una resolución o sentencia manifiestamente injusta, es decir, apartándose claramente de lo que la ley dispone.

También sería ejemplo de ello cuando un juez, de manera intencionada, retrasa injustificadamente la tramitación de un proceso judicial, o hasta incluso en aquellos supuestos en que el juez se niegue a juzgar una causa.

Penas por prevaricación

De todo lo anterior, se comprueba que el elemento común del delito de prevaricación es que se ejercen competencias propias de manera “torcida”, sin aplicar correctamente la ley. Las consecuencias de todo ello son por regla general la inhabilitación de esos funcionarios para continuar ejerciendo sus funciones, la imposición de multas económicas, y en los casos más graves la privación de libertad de los mismos.

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