Escuchamos en múltiples ocasiones que la Ley es igual para todos, pero debemos precisar que esta afirmación no es del todo cierta, ya que las consecuencias jurídicas de no se tratan de la misma forma a todos los ciudadanos.

Hay personas que por su condición o trabajo gozan de lo que se llama aforamiento. Entre ellos encontramos a la mayoría de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, jueces, fiscales, políticos, miembros del Consejo de Estado o del Tribunal de Cuentas, parlamentarios y los Defensores del Pueblo.

En caso de ser imputados por algún delito, los aforados tienen el derecho reconocido en la Constitución a ser juzgados por un Tribunal distinto al del resto de ciudadanos. Esto es así debido a que se entiende que los Tribunales Superiores gozan de mayor independencia. Por ejemplo:

  • Los aforados del ámbito judicial (jueces, magistrados y fiscales) responden ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
  • Los altos cargos judiciales responden ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
  • Las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado responden ante las Audiencias Provinciales de cada Comunidad Autónoma cuando están siendo investigados por la comisión de algún delito durante el ejercicio de su cargo.
  • Los miembros de la casa Real son también aforados, excepto el Rey, que es inviolable y no puede ser sometido a ninguna investigación en su vida civil y privada.

Esta circunstancia especial no la encontramos en todos los países. Por ejemplo, en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos no existe esta figura.

¿Ser aforado da ventajas ante la Ley?

El aforamiento no tiene por qué dar un privilegio especial a las personas aforadas, dado que, por ejemplo, en estas instancias superiores no hay tanto margen de recursos como sí que encontramos en los de Primera Instancia. Es decir, un ciudadano no aforado puede apelar una sentencia de un Juzgado de Primera Instancia, pero no es posible apelar una sentencia del Supremo, a no ser que optemos por recurrir ante instancias europeas.