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La reventa de entradas para asistir a determinados espectáculos a un precio muy superior al fijado por el promotor del evento es una práctica muy extendida, más aún si cabe a partir del auge de las plataformas digitales. Sin entrar en cuestionamientos éticos, ¿es legal? ¡Te lo aclaramos!

¿Es legal la reventa callejera?

En España, la única normativa que regula específicamente esta cuestión es el RD 2816/1982. En el artículo 67.2 se indica que “queda terminantemente prohibida la venta y la reventa callejera o ambulante de localidades”.

Por lo tanto, queda claro que la venta ambulante de entradas en plena calle antes de la celebración de un evento es una práctica no amparada por la normativa, que puede conllevar multas de hasta 60.000 € en casos muy graves e incluso, en algunos casos, una responsabilidad penal.

¿Es legal la reventa online?

El problema se centra por lo tanto en las plataformas de reventa online de entradas, ya que nos encontramos ante un vacío legal. La Ley de Servicios Digitales aprobada por la Unión Europea este año 2024, viene a clarificar esta situación con la finalidad de combatir las prácticas abusivas como:

  • La falta de una información precontractual suficiente.
  • El abuso a la hora de fijar el precio de venta de las entradas.
  • El engaño al consumidor, poniendo a la venta entradas inexistentes o falsas o que no se corresponden con la categoría de la entrada supuestamente comprada.

Esta norma obliga a estas plataformas a ofrecer una mayor transparencia, identificando claramente quién está detrás de esa venta, con la finalidad de evitar precisamente la reventa de carácter especulativo.

Se prohíbe:

  • La reventa a precios inflados respecto del precio inicial fijado por el promotor.
  • El uso de bots u otro tipo de programas automatizados que permiten la adquisición de grandes paquetes de entradas en cuestión de segundos.

Las multas para aquellas plataformas que incumplen la normativa pueden llegar incluso a millones de euros.

En definitiva, se trata de un avance importante para garantizar los derechos de los usuarios. Aunque es pronto aún para ver como se implementan estas medidas y que impacto pueden llegar a tener de cara al consumidor.

 

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