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Las empresas que malgastan agua en período de sequía también pueden ser multadas. Explicamos que restricciones deben cumplir.
Montserrat Martin | 21.03.2024
En la situación de sequía en que nos encontramos en varias Comunidades Autónomas, y teniendo en cuenta los planes de emergencia establecidos por los distintos gobiernos autonómicos, las empresas que basan su producción o su funcionamiento por medio del agua también son objeto de restricciones en su uso. Veamos cuáles.
Se reduce el uso del agua para la industria en un 15% de la media de los últimos tres años. A las empresas que basan su actividad en el turismo se les permite utilizar desaladoras privadas para rellenar piscinas o regar jardines siempre que sean costeadas por las propias empresas y sin que perjudique el abastecimiento de agua de boca.
El mal uso del agua se castiga con multas que suponen en el rango más leve un importe de hasta 750€, en el grave hasta 1.500€ y en el más grave hasta 3.000€. Para las empresas que no cumplan con los planes de emergencia las sanciones pueden llegar a 150.000€.
En Andalucía se ha previsto el uso de desaladoras. También se han establecido medidas de restricción específicas para usos industriales: el uso de agua no puede superar el 80% de lo previsto en el plan anti-sequía y se prohíben los desembalses para saltos hidroeléctricos excepto para el suministro domiciliario de agua u otros usos autorizados.
Establecen además un orden en el uso del agua:
Las infracciones por entrega de agua superior al volumen establecido tienen sanciones para los Ayuntamientos que van hasta los 6.000€ las leves, hasta 300.500€ las graves y hasta 601.000€ las muy graves.
El plan en situaciones de sequía se aplica a todas las islas con el objeto de concienciar, sobre todo al sector turístico, de la necesidad de promover el consumo eficiente. Esto afecta al llenado de piscinas, los campos de golf, la limpieza de barcos con agua a presión, etc.
El incumplimiento de la normativa de la Ley de Aguas nacional ocasiona que se impongan sanciones que en el rango leve van hasta 6.000€, las graves hasta 300.500€ y las muy graves hasta los 601.000€.
Como vemos, las empresas también deben sumar en el ahorro del agua, un bien de todos que se ha de conservar.
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