Ayudas a los deudores hipotecarios por la subida del Euribor

En este caso, se flexibilizan las medidas previstas de reestructuración de la deuda hipotecaria, reduciendo el tipo de interés aplicable durante el período de carencia de 5 años en el pago del principal de la deuda, que pasa de Euribor más 0’25% a Euribor menos 0’10%.

Se amplia también hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda en aquello casos en los que no resulte viable la reestructuración de la deuda.

También aumenta el plazo para solicitar a la entidad financiera un alquiler social por un importe máximo del 3% de su valor cuando el deudor se encuentre inmerso ya en un procedimiento de desahucio de su vivienda habitual.

Además, se contempla la posibilidad de solicitar una segunda restructuración de la deuda si al término de la primera se mantiene la situación de vulnerabilidad.

Como novedad, se permite también acogerse a este Código de Buenas Prácticas a aquellos deudores en los que no se cumpla el requisito de que la carga hipotecaria se haya incrementado en más de un 50%. Estos deudores podrán optar a una carencia en el pago del principal durante un período de 2 años, con una reducción del tipo de interés aplicable durante ese período y la posibilidad de alargar el plazo de amortización del préstamo hasta en 7 años.

Por otro lado, con esta norma se ha intentado también ampliar el ámbito de protección a las familias de clase media, que podrían llegar a encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad debido a los efectos de la subida del Euribor.

Con esta finalidad, se aprueba un nuevo Código de Buenas Prácticas, por lo tanto, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, al que podrán acogerse aquellos hogares con una renta inferior a 3’5 veces el IPREM, es decir, aproximadamente, unos 29.400 €, siempre que cumplan otros requisitos adicionales, como son, que la carga hipotecaria supere el 30% de la renta familiar y que además se haya visto incrementada al menos en un 20%.

Si bien, tanto los requisitos como las medidas concretas a aplicar aún están pendientes de una mayor concreción, todo apunta a que, en estos casos, se podrá optar por congelar la cuota de la hipoteca durante un período de 12 meses, con una reducción del tipo de interés sobre el principal aplazado, y la posibilidad de alargar el plazo de amortización hasta en 7 años.

En conclusión, podemos valorar estas medidas de forma positiva, ya que pueden servir para aligerar la carga hipotecaria de un mayor número de familias respecto de las que hasta ahora se podían beneficiar, si bien aún es pronto para saber que impacto real van a tener y cómo van a ser implementadas, especialmente teniendo en cuenta en buena parte se trata de medidas de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras al estar recogidas en un Código de Buenas Prácticas.