Las nevadas causadas por Filomena han dejado estampas históricas, pero también grandes daños materiales y personales. ¿Se puede reclamar una indemnización?
Sonia Sanchez | 12.01.2021
Las fuertes nevadas causadas por el temporal Filomena nos han dejado estampas históricas, pero también un rastro de daños materiales y personales que ahora hay que valorar y analizar a quién se pueden reclamar.
El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que indemniza los daños que ocasionen determinadas catástrofes naturales, siempre y cuando las personas y los bienes que hubiesen resultado dañados se encuentren asegurados en el momento de producirse.
Los eventos de la naturaleza que cubre el Consorcio se encuentran dentro de los considerados riesgos extraordinarios. Las nevadas no están incluidas dentro de este tipo de riesgo, por lo tanto, el Consorcio no indemnizará por los daños materiales, daños personales o la pérdida de ingresos o lucro cesante que se hayan producido a consecuencia de las nevadas.
En cambio, el Consorcio sí indemnizará en los casos en los que el temporal Filomena se haya manifestado en forma de inundación, embate de mar o de tempestad de viento con rachas que superen los 120 km/h, puesto que estos fenómenos si tienen la consideración de extraordinarios según la normativa. También se indemnizarán los daños derivados de inundación del terreno por el deshielo posterior.
No obstante, habrá que estar a la espera de si las autoridades declaran la zona como “catastrófica”, pues puede implicar la concesión de ayudas económicas directas tanto a particulares como a municipios, así como la concesión de subvenciones públicas.
La normativa señala que la declaración de “zona catastrófica” es una condición reservada a siniestros que perturben gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.
La declaración se hace por un acuerdo del Consejo de Ministros, a petición de un Ministerio o de las administraciones públicas afectadas.
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